martes, octubre 8, 2024
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Diputadas Concha y Muñoz por AC en contra de ministro Ávila: “Hay responsabilidad de él y debe hacerse cargo”

Las integrantes del Partido Social Cristiano respondieron a la defensa de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien argumentó que los documentos en cuestión vienen de gobiernos anteriores.

Una gran controversia se ha generado a partir de la publicación de una guía sexual afectiva por parte del Mineduc, y que derivó en el anuncio de una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, liderada por las diputadas del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz.

Durante esta jornada, la vocera de Gobierno, Camilla Vallejo la calificó de “irresponsable”, y defendió al ministro diciendo que se trata de un programa “que no es de este gobierno”.

Frente a esto, la también presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, fue enfática en señalar que “si bien es cierto que este es un manual que viene siendo impulsado de periodos anteriores, es responsabilidad del ministerio que debe hacerse cargo. Porque parece muy raro que recién el día de ayer, tras haber anunciado esta acusación, ellos hayan bajado este manual de la plataforma del Ministerio de Educación, y aparece el mismo ministro en una entrevista diciendo que este manual seguía estando en la plataforma para que pudiese ser usado por las comunidades que lo requirieran. Por lo tanto, también hay responsabilidad de este ministro de dar cuenta con respecto al tema”.

Por su parte, la diputada Muñoz coincidió con lo dicho por Concha y aseguró que “el gobierno tiene que dar explicaciones al respecto, porque es muy fácil decir que estos venían del gobierno anterior, pero ellos siempre los avalaron, los utilizaron, los mantuvieron vigentes hasta anoche. Entonces eso es una señal de que ellos están trabajando de manera responsable, de espaldas a los padres y ese es el foco de la acusación constitucional”.

De igual manera, Concha manifestó que tienen los respaldos para llevar adelante esta acusación constitucional “por atropellar el derecho preferente de los padres”.

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