Para los parlamentarios, la designación deja sin efecto los acuerdos políticos alcanzados en el Parlamento en relación con el rechazo de la violencia y la intimidación como forma de reivindicación territorial.
La Bancada de Renovación Nacional, representada por los diputados de la Araucanía, Miguel Mellado, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán y Jorge Rathgeb, pidieron al Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson que se pronuncie sobre la designación de Felipe Antonio Ñanco Melillan como Jefe del Departamento Fondo de Tierras de la Dirección Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Según consta en el escrito, Ñanco -públicamente a través de sus redes sociales- reivindica y justifica despojar de sus tierras a quienes las poseen en propiedad, por lo que su designación ha generado preocupación y llamado la atención debido a la aparente descoordinación gubernamental frente a lo discursivo.
“Nos preocupa que mientras el Ministerio del Interior y Seguridad Pública incluye entre sus prioridades legislativas proyectos que sancionan y persiguen criminalmente con mayor rigor la usurpación de inmuebles, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, haya decidido designar en un cargo directivo a una persona que públicamente ha reivindicado la usurpación y las tomas de terrenos, especialmente en el marco de la violencia que afecta la Macro zona sur del país”.
Estas mismas acciones, aseguran los parlamentarios, “han llevado al desplazamiento forzado interno de cientos de compatriotas que se han visto amedrentados y coaccionados por la violencia y usurpación de sus tierras, obligados a abandonar sus lugares de origen y reubicarse en otras zonas del territorio nacional”.
En este sentido, los parlamentarios, consideran que “la designación Ñanco como Jefe de Departamento Fondo de Tierras conlleva un peligro evidente, ya que podría relativizar diversas instituciones legales y acuerdos políticos alcanzados en los últimos años para evitar la compra de predios sometidos a tomas u otras medidas coercitivas. La glosa número 10 del programa de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena prohíbe expresamente la priorización de tierras que han sido objeto de usurpación, lo cual entra en contradicción directa con la designación de alguien que ha reivindicado dichas acciones”.
Cabe destacar que el Fondo de Tierras y Aguas, que concentra más de la mitad del presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, asciende a $90 mil millones, y la mitad de ese presupuesto está destinado a la adquisición de tierras en conflicto provenientes de títulos de merced. Por lo tanto, resulta evidente la importancia y carácter estratégico del cargo que ostenta el señor Ñanco en la entrega de tierras.
De acuerdo con la ley N°19.253, conocida como Ley Indígena, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es un servicio público funcionalmente descentralizado, sometido a la supervigilancia del Ministerio de Planificación y Cooperación. Por ende, consideramos que el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson Drago, es responsable de lo que ocurra en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y sus servicios y organismos dependientes.
“La designación del señor Ñanco es vista por la Bancada de Renovación Nacional y por una gran mayoría de los habitantes del país -particularmente de aquellos que habitan la Macro zona sur del país- como una burla para quienes han visto sus vidas destruidas y sus proyectos de futuro alterados por sujetos que mediante la fuerza, la violencia o la intimidación, buscan despojarlos de sus tierras”, aseguran los parlamentarios.
Finalmente, la bancada RN advierte que: “Vemos en esta designación la intención manifiesta de dejar sin efecto los acuerdos políticos alcanzados en el Parlamento en relación con el rechazo de la violencia y la intimidación como forma de reivindicación territorial y de ahí que de mantenerse el señor Ñanco en su cargo, rechazaremos todos los recursos correspondientes al Programa de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para el año 2024 en lo relativo a la adquisición de tierras. La pasividad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en esta designación será vista por estos parlamentarios como una muestra de simpatía por parte del Gobierno de la violencia como método de reivindicación territorial y una indiferencia más a las víctimas de la violencia y el terrorismo en la Macro zona sur del país”.
