La legisladora republicana por La Araucanía solicitó al Ejecutivo respetar la deliberación democrática en el Congreso y acelerar el despacho de “una norma fundamental para enfrentar este grave y creciente delito en el país”.
Esto, ante la posibilidad de que La Moneda vete el proyecto o las fuerzas oficialistas ingresen requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los delitos de usurpación, sin las indicaciones que había realizado el Ejecutivo y que apuntaban a eliminar, entre otras, la figura de legítima defensa de los propietarios de un bien en caso de existir una toma violenta, y la flagrancia permanente, que permitirá el desalojo en todo momento de un inmueble o predio usurpado.
En este escenario el Ejecutivo no descarta vetar la norma para evitar que se apruebe tal como se despachó de la Comisión o la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, como lo han sugerido las fuerzas oficialistas en el Congreso.
Ante esa posibilidad, la Senadora del Partido Republicano Carmen Gloria Aravena, quien es una de las impulsoras del proyecto de Ley de Usurpación valoró en primer lugar que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados haya aprobado la propuesta en esa instancia y acto seguido hizo un llamado al gobierno y oficialismo a “no obstruir el avance legislativo y la aprobación de esta norma, ya que es una iniciativa fundamental para combatir un delito tan grave como este y que ha aumentado sustancialmente en el país”.
En esa línea, la parlamentaria agregó que “aquí se debe respetar la deliberación democrática y el trabajo que realiza el Congreso y sus integrantes como legítimos representantes de la ciudadanía. Pretender impedir el avance de una ley cuya tramitación se ha postergado por años es muy complejo, sobre todo considerando la urgencia de modernizar una norma anacrónica que tiene más de un siglo y que no es acorde a los desafíos actuales para enfrentar este problema”.
La Senadora Aravena remarcó además que “existe un compromiso del gobierno que no se está cumpliendo, ya que presentó en abril pasado el `fast track´ con los 31 proyectos de seguridad, que deberían haberse despachado en un máximo de 75 días, plazo que ya se dio el 28 de junio pasado, pero no ha ocurrido, y si este proyecto de usurpación es vetado o enviado al TC, se seguirá dilatando, con el impacto negativo que ello supone para inhibir el delito de usurpación”.
Finalmente, Carmen Gloria Aravena pidió al gobierno que allane el camino para que se apruebe esa agenda de seguridad y la propuesta de usurpación sea ley en el más breve plazo posible.
